Las caídas en la calle son eventos desafortunados que pueden ocurrir en cualquier momento y lugar. Cuando una persona se tropieza o resbala en la vía pública, las consecuencias pueden ser variadas, desde simples golpes y moretones hasta lesiones graves que requieren atención médica y pueden generar costos adicionales.
En España, una pregunta común que surge en estos casos es: ¿Cuánto paga el ayuntamiento por una caída en la calle?
¿Qué dice la ley si una persona se cae en la calle?
En primer lugar, es importante comprender que los ayuntamientos en España tienen la responsabilidad de mantener las calles y aceras en condiciones seguras para el tránsito peatonal. Esto implica llevar a cabo labores de mantenimiento y reparación para prevenir accidentes.
Sin embargo, si una persona sufre una caída debido a una negligencia por parte del ayuntamiento, es posible que tenga derecho a recibir una compensación por los daños y perjuicios sufridos.
El proceso para obtener una compensación por una caída en la calle puede variar dependiendo de varios factores, incluyendo la gravedad de las lesiones, las circunstancias del accidente y las leyes locales.
En general, la persona afectada deberá demostrar que el ayuntamiento fue negligente en el mantenimiento de la vía pública y que esta negligencia fue la causa directa de la caída y las lesiones sufridas.
Las leyes españolas expresan con claridad que el ayuntamiento y organismo público competente tiene responsabilidad civil ante estos casos. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, éstas deben responder jurídica y económicamente a los lesionados.
¿Cuánto paga el ayuntamiento por una caída en la vía pública?
En cuanto al monto de la compensación, no existe una cifra fija establecida por ley. La cantidad que puede recibir una persona afectada por una caída en la calle dependerá de diversos factores, incluyendo el alcance de las lesiones, los gastos médicos y los daños materiales y emocionales sufridos.
En algunos casos, la compensación puede cubrir los gastos médicos, la pérdida de ingresos debido a la incapacidad para trabajar, el dolor y el sufrimiento, y otros daños y perjuicios relacionados. Entonces, según el tipo de perjuicio ocasionado, el monto a indemnizar por el ayuntamiento serán los siguientes.
- Un perjuicio personal básico: Se incluye el perjuicio padecido desde la caída hasta la recuperación definitiva. Para el año actual, se establece un valor de 37,06 euros por día.
- Un perjuicio personal particular: Una caída que provoca una falta de autonomía temporal para la realización de tareas esenciales. Según la gravedad de las lesiones, el importe a indemnizar serían los siguientes:
- Moderado: 64,25 euros diarios.
- Grave: 92,66 euros diarios.
- Muy Grave: 123,55 euros diarios.
Es importante destacar que para obtener una compensación justa, es recomendable contar con la asesoría de un abogado especializado en accidentes y lesiones personales. Un abogado experto podrá evaluar el caso de manera objetiva, determinar la responsabilidad del ayuntamiento y negociar con las autoridades correspondientes en busca de una compensación adecuada.
¿Cuál es el plazo para reclamar la indemnización?
Además, es fundamental actuar con rapidez en estos casos, ya que existen plazos de prescripción que limitan el tiempo durante el cual se puede presentar una reclamación por un accidente en la vía pública. Por lo tanto, es aconsejable buscar ayuda legal lo antes posible después del accidente para garantizar la protección de los derechos y la obtención de una compensación justa.
Por último
En resumen, si una persona sufre una caída en la calle debido a la negligencia del ayuntamiento en España, puede tener derecho a recibir una compensación por los daños y perjuicios sufridos. Si bien no existe una cantidad fija establecida por ley, la compensación dependerá de diversos factores y deberá ser evaluada caso por caso. Para obtener una compensación justa, es recomendable buscar la asesoría de un abogado especializado y actuar con rapidez para proteger los derechos.